Según consta en el acta de la reunión, se acordó elevar el salario básico del cargo testigo o su equivalente en horas a 156.188,77 pesos para el mes de febrero. Asimismo, se estableció que para el mes de mayo el salario básico ascenderá a 162.793,77.

El acuerdo fue celebrado por el secretario general de la UDPM, Rubén Darío Caballero, que destacó que “esta Mesa construye desde el consenso, con responsabilidad y diálogo”, mandando un mensaje al numeroso grupo de docentes que no aceptaron el acuerdo.

Desde el Frente de Trabajadores en Lucha (FTEL) expresaron su desacuerdo y aseguraron que no firmaron ningún acuerdo, poniendo en duda el inicio de clases.

No se trata de un rechazo menor ya que el FTEL nació hace unos pocos años por el fastidio de una gran cantidad de docentes que estaban disconformes con la representación de los gremios. Desde entonces, el Frente se convirtió en el sector más combativo y que más dolores de cabeza le trajo al gobierno renovador.

Desde el FTEL calificaron a los que aceptaron el aumento como “traidores” y cuestionaron el hecho de que hayan aceptado una nueva recomposición salarial que consideran a la baja en comparación con las demandas del sector.

Además, denunciaron que el Gobierno provincial no ha saldado la deuda pendiente con los trabajadores de la educación, que asciende a siete sueldos impagos, “montó que se explica con la pérdida salarial tras la devaluación impulsada en el inicio de la gestión de Javier Milei y que el gobierno de Misiones sigue sin recomponer a pesar del compromiso asumido en el acta acuerdo de junio del 2024 con el que se había cerrado el gran conflicto del año pasado”.

“En estas condiciones no comenzarán las clases. Los demás sectores que integran la Mesa Unificada también resolverían lo mismo en las asambleas que se van a convocar para informar la decisión del gobierno”, señalaron mediante un comunicado.

El acuerdo alcanzado por los gremios fue duramente cuestionado. “Esto significa un aumento de bolsillo irrisorio, 50 mil pesos, sin tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del salario y pretenden que hagamos borrón y cuenta nueva con la deuda que tienen con los trabajadores”, remarcó Mónica Gurina, secretaria general de la CTA A Misiones.

“No nos queda otra: hacer lo que venimos haciendo cada comienzo de año, salir a luchar. Tenemos que ir a buscar a nuestros compañeros, explicarle la miseria que nos están proponiendo, el hambre que significa esto y tenemos que juntarnos con los otros sectores que están luchando”, dijo por su parte Leandro Sánchez, secretario general de UTEM.

Otros que también están en plan de lucha son los productores yerbateros. Desde el martes, iniciaron un paro con la suspensión de la entrega de materia prima. La medida de fuerza fue resuelta en asamblea y afecta especialmente a San Pedro, donde los trabajadores impiden el cruce de hoja verde a los establecimientos yerbateros.

"El primer día hubo momentos de tensión y la situación sigue complicada", expresó el productor yerbatero Ángel Ozeñuk. "El gobierno nacional nos soltó la mano y sigue avanzando con medidas que pueden llevar al cierre definitivo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Eso nos dejaría directamente en manos de los grandes industriales", advirtió.

El conflicto se intensificó tras la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la facultad del INYM para fijar el precio de la yerba mate. De esta manera, el mercado pasó a regirse por la oferta y la demanda, lo que, según los productores, los deja en una situación de vulnerabilidad.

"Nos están pagando 200 pesos por kilo de hoja verde, cuando el costo real es de 359. Nosotros necesitamos un precio mínimo de 390 para que la actividad sea rentable", explicó Ozeñuk.

También hubo movilizaciones en otras localidades productoras como Andresito y San Vicente. De cualquier manera, el consenso entre los productores no es total ya que algunos no quieren reclamar un mayor precio por miedo a que las industrias compren yerba de Paraguay y Brasil, alentados por la diferencia cambiaria.

En materia política, los legisladores misioneros volvieron a dar señales de sintonía con Milei. Con el voto de los siete diputados, la iniciativa denominada Ficha Limpia, que busca impedir a condenados por corrupción ocupar cargos públicos, tuvo media sanción.

La normativa fue aprobada por la Cámara de Diputados tras una extensa sesión que culminó minutos antes de las 22 y contó con 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones y 13 ausentes.

Entre esos votos a favor se anotaron los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vanscik y el peronista Alberto Arrúa, quienes integran el bloque Innovación Federal; el radical peluca Martín Arjol; el representante del PRO Emmanuel Bianchetti; y la puertista de La Libertad Avanza (LLA) Florencia Klipauka.