Uno de los ejes de análisis fue nuevamente la caída en la coparticipación que vienen sufriendo las provincias producto del ajuste fiscal llevado adelante por el Gobierno nacional. Esta situación preocupa a todas las jurisdicciones por igual debido a que la “motosierra” del Poder Ejecutivo golpea con fuerza también las recaudaciones propias de cada distrito.

“La agenda incluyó cuestiones relativas a la problemática del transporte público de pasajeros, la situación de la obra pública y el estado de rutas nacionales y del corredor bioceánico; también el análisis actual sobre los ingresos coparticipables de fondos que reciben las provincias y la necesidad de estudiar distintas iniciativas federales en ese sentido”, detalló Passalacqua en un posteo de la red social X

Otra de las preocupaciones de los gobernadores es la disolución del Fondo Compensador del Interior, que regulaba los subsidios al transporte público de pasajeros. Ese reclamo a la administración de Javier Milei es compartido tanto por gobernadores de todo el país como por los intendentes, que ya presentaron un proyecto de ley propio ante el Congreso.

“Hubo un acto de injusticia durante muchísimo tiempo, que ojalá se corrija, y es que nuestro transporte público, como tantos otros servicios, siempre fue muchísimo más caro en el norte que en la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando para intentar corregir esas llamadas asimetrías de una visión federal”, dijo Passalacqua.

La motosierra en la obra pública también impactó duro en todas las provincias. Aunque Misiones destrabó algunas obras y recursos mediante un acercamiento con los libertarios, la situación no fue igual en todos los distritos.

Los gobernadores también tienen inquietud por el estado y mantenimiento de las rutas, un aspecto que comenzó a ser absorbido por las provincias ante la falta de autoridades y los cambios constantes en Vialidad Nacional, a cargo del Gobierno nacional.

Mientras el gobierno misionero emparcha los recortes nacionales con recursos propios, los trabajadores que dependen directa o indirectamente del gobierno siguen reclamando por incrementos salariales. La devaluación y el ajuste de Milei empujó al gobierno provincial a realizar su propio recorte, siendo los salarios una de las principales variables de ajuste. Las concurridas y mediáticas protestas de policías y docentes en mayo fueron una prueba de ello.

La tregua alcanzada parece estar llegando a su fin. Tras no recibir ninguna oferta por parte de la provincia, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) convocó a una Asamblea Provincial para “analizar el escenario y tomar definiciones para construir un plan de lucha que revierta esa actitud lamentable del Gobierno”.

Desde el FTEL agregaron que “ya hemos dado suficientes muestras de paciencia y de tolerancia. Exigimos se respete cabalmente el punto 1 del acta de junio del 2023 y se concrete la voluntad política de discutir una propuesta que nos permita alcanzar la senda de recuperación de la pérdida que llevamos registrada”.

Los asalariados del sector privado también están sufriendo la crisis. Los últimos datos oficiales de la Nación demuestran que el ajuste impulsado por el Gobierno nacional, sumado a la recesión de la economía durante todo el primer semestre, ha causado consecuencias fuertes en Misiones, donde se han perdido más de 5000 empleos del sector privado formal. Se estima que en el sector informal también hubo despidos y recortes pero no hay forma de medirlo.

El cálculo abarca el plazo de mayo de 2023 a mayo de 2024, período en que la provincia perdió 5.024 empleos, pasando de más de 108 mil formales “con serie estacionalizada” a 103 mil (4,4 por ciento menos) de acuerdo a un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En materia política, siguen las repercusiones en medio del escándalo por una investigación internacional que involucra pornografía infantil. El diputado libertario Germán Kiczka presentó su renuncia al cargo, aunque aseguró que la investigación involucra a sus familiares y se desligó de cualquier responsabilidad.

“Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”, aseveró.

Sin embargo, el presidente del Bloque Renovador, Martín Cesino, adelantó que no aceptarán la renuncia y avanzarán con el desafuero del legislador en la sesión ordinaria del jueves 22 en la Cámara de Representantes.

El diputado renovador explicó que promueven el desafuero de Kiczka para “levantar la inmunidad; protección que se tiene cuando uno forma parte de un poder legislativo para que el juez pueda actuar de manera libre y respetando la autonomía de poderes, para que la Justicia procesada en la investigación”.