Después de la polémica, el gobernador misionero Hugo Passalacqua decidió extender el plazo que daba la Ley de Bioinsumos para no utilizar más glifosato en las zonas rurales. La por 5 años, se justificó por la crítica situación que atraviesan diferentes producciones locales a la hora de exportar.
El gobernador sostuvo como fundamentos en los considerandos del decreto 1608/24 que “los sectores productores, tanto en el mercado interno nacional como también en sus exportaciones, deben cumplir con exigencias de estándares específicos y, como consecuencia, surge la necesidad de ampliar el plazo de transición de los sistemas productivos actuales hacia métodos amigables con el ambiente, por lo cual se considera pertinente establecer una prórroga para la prohibición en estos casos”.
Sin embargo, remarcó que se trata de una prórroga y mantuvo la defensa de la legislación recientemente aprobada, a fin de cambiar el agroquímico por otro bioinsumo.
“Es oportuno continuar con la sustitución gradual del uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro territorio que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud, la diversidad biocultural y el ambiente”, indicó.
La ley, que tenía que comenzar a regir en 2025, generó muchos rechazos en el sector productivo. Una docena de asociaciones rurales, además de productores, agricultores, empresarios pymes y exportadores se reunieron en varias oportunidades para manifestar su preocupación por la medida.
Uno de los principales argumentos en contra del proyecto es la falta de productos alternativos debidamente aprobados y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, ya que gran parte de las producciones misioneras están certificadas bajo normas internacionales.
La postergación fue una especie de victoria ya venía siendo muy solicitada por el sector, teniendo en cuenta la crítica situación actual de las producciones tealeras, yerbateras, citrícolas, tabacaleras y forestoindustriales, que son las economías regionales que mueven el empleo y la economía en la provincia.
Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y referente de la forestoindustria provincial explicó que “es una medida que estábamos esperando urgente” y destacó la “actitud de escucha que tiene el Gobierno con los productores”.
Aunque la prórroga de cinco años no dejó conformes a todos, para el titular de la CEM “hay que ir buscando otro sistema, una combinación con otros sistemas de control de especies vegetales no deseadas. Creo que con el tiempo va a ver una certificación de bioinsumos que estaba promoviendo la provincia”.
Por su parte, los yerbateros vienen sufriendo las consecuencias del destrato nacional. Mientras el sector productivo agoniza con un cierre prematuro de la zafra, producto en parte de la desregulación del mercado, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la eliminación de arbitraje del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), para definir el precio de la hoja verde.
El sector productivo todavía confiaba en la posibilidad de que el INYM recuperara sus facultades. No obstante, esta medida se inclina hacia un horizonte más pesimista para el instituto, que reguló el mercado y brindó equilibrio al sector desde su creación en febrero del 2002.
Desde que se desreguló el mercado, los precios de la materia prima se desplomaron y hoy, en lugar de los 505 pesos, que pedían los productores para iniciar la cosecha gruesa en abril, se paga entre 180 y 200 pesos, pero en hasta 90 días de plazo.
En materia política, el diputado provincial Pedro Puerta, a través de su cuenta de “X” y citando un comunicado del espacio político “Activar”, el cual lidera, comunicó que le pidió a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado en la Cámara de Representantes de Misiones.
De esta manera, los aliados misioneros de Milei hacen visible el intento por despegarse del escándalo de pornografía infantil que involucra a Kiczka. Recordemos que existe una investigación que tiene en la mira al diputado provincial de Activar, y que salpicó de lleno a la comunidad de Apóstoles, su ciudad natal y donde se realizaron los resonantes allanamientos de los últimos días.
Agentes especializados en cibercrimen de la Policía estuvieron a cargo del operativo en la casa del diputado. El procedimiento se enmarca en una causa en la que también están involucrados su padre y su hermano.
Desde un principio, Kiczka manifestó desconocimiento sobre el delito. Sin embargo, el allanamiento a su domicilio buscó obtener pruebas que podrían aportar nuevas perspectivas al caso.
Por su condición de funcionario público, Kiczka no puede ser detenido, aunque podrían solicitar su desafuero para que sea tratado como un ciudadano común. El diputado tiene mandato hasta diciembre de 2025.
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