Los intrusos, organizados y protegidos, han destruido más de 2.000 hectáreas de bosques nativos. Esta situación ha resultado en graves daños ambientales, incluyendo la degradación de suelos y la tala indiscriminada. Desde la empresa también señalaron una presunta complicidad de las autoridades locales y provinciales, acusando de promover la intrusión o de no tomar medidas efectivas para detenerla.

El empresario asegura que la problemática impide cualquier proyecto productivo sostenible en su propiedad, destacando la falta de seguridad jurídica y de una real política ambiental que proteja tanto la propiedad privada como los recursos naturales. La deforestación y la ocupación ilegal de tierras no solo afectan el medio ambiente, sino que también representan una amenaza para la ganadería y la producción de yerba mate.

Respuesta de las autoridades locales

Ante la grave acusación del presidente de Colonizadora Misionera, el intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, salió a los medios provinciales a aclarar la situación y evidenciar la falta de recursos para abordar la problemática. Reconociendo que la intrusión en propiedades privadas es un desafío histórico, Dos Santos remarcó que enfrentan serias limitaciones para monitorear extensas áreas de tierra, y enfatizó la necesidad de que los propietarios tomen medidas proactivas para proteger sus tierras.

El intendente destacó que desde su gestión se ha ordenado no apoyar a las personas que ocupan tierras de forma ilegal. Sin embargo, subrayó que la protección de las tierras privadas también es responsabilidad de los propietarios y de la justicia.

La situación de Colonizadora Misionera, según el intendente, es un proceso que debe ser abordado por la justicia y los propietarios. A pesar de las órdenes judiciales de desalojo, las medidas no se han ejecutado, y la responsabilidad recae en los organismos competentes para garantizar la aplicación de la ley y la protección de los bosques nativos.