La Cámara de Apelaciones de Posadas anuló la cautelar de trabajadores despedidos de Yacyretá
La Cámara de Apelaciones de Posadas anuló la medida cautelar que obligaba a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a continuar pagando sueldos de trabajadores despedidos y a reincorporarlos por motivos de subsistencia alimentaria. Esta decisión, vigente durante mayo y junio, deja a los empleados esperando la resolución del recurso de amparo presentado por el mismo grupo.
El recurso de amparo busca la reincorporación de los trabajadores, argumentando que la reducción de personal en marzo viola el artículo 11 del Tratado de Yacyretá. Este artículo establece la necesidad de mantener una paridad en la cantidad de empleados entre la margen argentina y la paraguaya.
Actualmente, Yacyretá en Argentina cuenta con 500 empleados, mientras que en Paraguay la cifra supera los 1.000. Los despidos, ordenados por el director ejecutivo Alfonso Peña, han incrementado esta disparidad, justificándose en la política nacional de reducción del Estado.
El conflicto, impulsado por 22 de los 103 empleados despedidos por las nuevas autoridades de La Libertad Avanza, ha generado diversas reacciones. Inicialmente, la Justicia en primera instancia había otorgado la cautelar para asegurar la subsistencia alimentaria de los despedidos, ordenando a la EBY pagar los sueldos y restituir los empleos. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esta medida, considerando que los demandantes disponían de indemnizaciones suficientes para cubrir sus necesidades.
Uno de los despedidos, Adrián Bellone, mencionó a la prensa que la EBY probablemente deberá pagar los salarios correspondientes a los dos meses que estuvo vigente la cautelar mientras continúa el trámite del amparo. El abogado del grupo explicó que, aunque se podría apelar, el proceso se vuelve más “politizado” en instancias superiores, y los costos judiciales podrían ser perjudiciales para los trabajadores afectados.
En paralelo, se ha presentado un amparo solicitando la reincorporación de los despedidos por violación del Tratado de Yacyretá. Bellone espera que la justicia resuelva el amparo antes de agosto, a pesar del receso judicial. Además, otro grupo de empleados de la sede Ituzaingó ha presentado un amparo por despido discriminatorio, diferenciándose del argumento basado en la violación del tratado.
