Los policías, un suboficial mayor de Jardín América de la UR-IX y un sargento de San Vicente de la UR-VIII, estuvieron ante el magistrado y el fiscal René Casals, se abstuvieron de declarar a pedido de su abogado defensor, quien representa al total de policías y penitenciarios.

Ambos están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados que, mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas por el propio reglamento disciplinario policial, ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.

Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.

El fiscal Casals señaló que “aportaremos todo lo que se pueda para que se haga el juicio y se tenga una sanción” y no descartó que se sumen más acusaciones en la medida que avancen las investigaciones.

Las denuncias también alcanzan a “sustracción de los móviles, daños registrados en el pavimento, bloquear la institución como el comando radioeléctrico y la amenaza de tomar la jefatura”, dijo Casals.

En poco tiempo se retomarán las discusiones salariales, que fueron el eje del conflicto, por lo que podría abrirse un nuevo round con el gobierno. En la misma sintonía están los docentes, que representan uno de los grupos más confrontativos con el gobierno del Frente Renovador de la Concordia.

Los docentes autoconvocados habían mantenido su acampe unos días más que los policías, pero la disputa con el Gobierno no se terminó de resolver. Mediante un comunicado, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) levantó la guardia en la previa del comienzo de las paritarias

“Hacemos público que desde el Acta del 7/6 a la fecha se vienen registrando hechos como las malas liquidaciones que hemos denunciado anteriormente y que estarían en vías de solucionarse, como también otros que vulneran la letra del acta y el espíritu de diálogo al que abonamos mediante acciones concretas para construir puentes de entendimiento”, señala el comunicado.

Denunciaron también que el hostigamiento judicial “no solo no ha cesado, sino que han surgido nuevas actuaciones”, además de “prácticas administrativas de escarmiento y calumnias mediáticas” por parte de algunos medios de comunicación. Insistieron en que “todo esto debe cesar inmediatamente, ya que no contribuye a un diálogo respetuoso y constructivo”.

En tanto, el Gobierno tomó medidas para el sector yerbatero, apostando a mejorar el precio de la materia prima, que se viene desplomando desde enero cuando el presidente Javier Milei eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de fijar un precio mínimo, dejando desregulada así toda la actividad.

Con la idea de que se pague entre 350 y 400 pesos por kilo, la provincia gestionó un paquete de créditos que alcanza la suma de 5 mil millones de pesos, destinado a secaderos y cooperativas que compren hoja verde a productores; y para molinos que adquieran yerba canchada, siempre comprometiéndose a mejorar el precio actual.

“Nuestra intención como gobierno es reactivar fuerte la economía, mejorar el precio de los productos y siempre vamos a trabajar para que nuestros productores vivan bien y su actividad sea rentable. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, señaló el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

Los productores en enero pasado hicieron asambleas solicitando que se les pague 505 pesos por kilo de hoja verde, pero la desregulación del rubro, el ingreso de yerba brasileña y paraguaya, y la eliminación del precio mínimo de referencia hizo que los valores se desplomaran. Hoy se paga alrededor de 270 con plazos de hasta 90 días.

La crisis y el ajuste de Milei golpean duro a la provincia y todavía queda mitad de año.

El Gobierno y los misioneros esperan algún gesto del presidente Javier Milei para el segundo semestre.