Intendente de Concepción de la Sierra obtiene poderes para reestructurar contratos y deudas
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El Concejo Deliberante aprobó medidas de emergencia económica, financiera y administrativa, facultando al intendente Hugo Humeniuk, de Juntos por el Cambio, para renegociar contratos, reestructurar deudas y ajustar funciones municipales.
El intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk, perteneciente al partido Juntos por el Cambio, ha sido otorgado con poderes extraordinarios por parte del Concejo Deliberante local. En una sesión donde primó la mayoría, se aprobó una iniciativa que declara la emergencia económica, financiera, operativa y administrativa del municipio.
Una de las disposiciones más significativas de esta ordenanza es la facultad concedida al intendente para suspender, modificar o rescindir todos los contratos, convenios y acuerdos vigentes hasta la fecha. Esta medida le permite revisar y ajustar las condiciones de estos acuerdos conforme a las reales posibilidades económicas y financieras del municipio.
Asimismo, la emergencia abarca la posibilidad de compensar y/o renegociar todas las deudas pendientes con acreedores particulares, proponiendo nuevas fechas de vencimiento y modalidades de pago. Para garantizar transparencia en este proceso, se establece un Procedimiento de Verificación de Deudas aplicable a cualquier entidad o persona que busque ser acreedora de la Municipalidad.
El enfoque central de estas medidas se orienta hacia la protección de los recursos financieros, estableciendo que los fondos, valores y medios de financiamiento destinados a la ejecución presupuestaria del sector público son inembargables.
Además, se confiere al Ejecutivo municipal la autoridad para llevar a cabo reestructuraciones funcionales del personal, lo que incluye traslados, cambios de dependencias o tareas, modificaciones de horarios y cualquier medida necesaria para una prestación más eficiente de los servicios públicos y el cumplimiento de funciones esenciales. Es importante destacar que el Ejecutivo puede alterar el orden de prioridades del gasto establecido en la ordenanza cuando las necesidades de los servicios lo requieran.