Una de las disposiciones más significativas de esta ordenanza es la facultad concedida al intendente para suspender, modificar o rescindir todos los contratos, convenios y acuerdos vigentes hasta la fecha. Esta medida le permite revisar y ajustar las condiciones de estos acuerdos conforme a las reales posibilidades económicas y financieras del municipio.

Asimismo, la emergencia abarca la posibilidad de compensar y/o renegociar todas las deudas pendientes con acreedores particulares, proponiendo nuevas fechas de vencimiento y modalidades de pago. Para garantizar transparencia en este proceso, se establece un Procedimiento de Verificación de Deudas aplicable a cualquier entidad o persona que busque ser acreedora de la Municipalidad.

El enfoque central de estas medidas se orienta hacia la protección de los recursos financieros, estableciendo que los fondos, valores y medios de financiamiento destinados a la ejecución presupuestaria del sector público son inembargables.

Además, se confiere al Ejecutivo municipal la autoridad para llevar a cabo reestructuraciones funcionales del personal, lo que incluye traslados, cambios de dependencias o tareas, modificaciones de horarios y cualquier medida necesaria para una prestación más eficiente de los servicios públicos y el cumplimiento de funciones esenciales. Es importante destacar que el Ejecutivo puede alterar el orden de prioridades del gasto establecido en la ordenanza cuando las necesidades de los servicios lo requieran.