Según informes, el cuadro tarifario aprobado por la mayoría el 17 de agosto pasado parece incumplir esta ordenanza, ya que, desde el 1 de noviembre, se ha establecido un costo de 120 pesos para el personal docente y no docente, mientras que el precio del pasaje único, sin boleto electrónico, se mantiene en 170 pesos.

Esta diferencia en los costos genera un beneficio económico para la empresa que, aparentemente, no se ajusta a la normativa vigente. No obstante, esta controversia no es nueva, ya que surgió por primera vez cuando se implementó el primer tramo del aumento de tarifas en septiembre, como se había aprobado en agosto. Ahora, tres meses después, la presunta irregularidad persiste, y se cuestiona la cantidad de dinero que la empresa ha recaudado de manera inapropiada.

Si se confirma esta información, se estima que el volumen de dinero recaudado indebidamente por la empresa podría ser significativo. La medida a adoptar para enmendar esta situación dependerá de la resolución de las autoridades pertinentes.